‘La ley estatal de Nebraska es clara: El gobernador no tiene la autoridad unilateral para cambiar el propósito de ningún edificio público’, dice abogado
McCook, NE — Trece residentes de McCook presentaron una demanda esta semana para impedir que funcionarios de Nebraska conviertan una prisión estatal en un centro de detención para inmigrantes. A ellos se unió un ex legislador que participó en la aprobación de la ley que regula el uso estatal de dicha instalación.
La demanda de 24 páginas, presentada el martes en el Tribunal de Distrito del Condado de Red Willow, argumenta que el plan en curso del gobernador Jim Pillen para convertir el Campamento de Ética de Trabajo en McCook “usurparía” la autoridad legislativa y violaría la separación de poderes según la Constitución de Nebraska y la ley estatal. Pillen y Rob Jeffreys, director del sistema correccional de Nebraska, son los nombrados en el caso.
“La ley estatal de Nebraska es clara: El gobernador no tiene la autoridad unilateral para cambiar el propósito de ningún edificio público”, dijo Robert McEwen, director legal de Nebraska Appleseed, que está a cargo del caso. “Esa es la función de la Legislatura”.
Nebraska Appleseed es una organización sin fines de lucro que defiende a personas en situación de necesidad, incluidos inmigrantes.
El juez del tribunal de distrito asignado al caso rechazó el miércoles una solicitud inmediata de una orden de restricción temporal.
‘Poder ejecutivo supremo’
Laura Strimple, portavoz de Pillen, dijo el jueves que el gobernador “aprecia enormemente” esa decisión “oportuna y bien razonada”.
“Esperamos y creemos que la demanda carece de mérito legal y sustancial, y confiamos en que recibirá el escrutinio que merece en nuestro sistema judicial”, dijo Strimple. “Aparte de esto, esta oficina no tiene más comentarios en este momento sobre este asunto legal pendiente”.
Pillen y funcionarios estatales y federales anunciaron planes el 19 de agosto para reutilizar el Campamento de Ética de Trabajo, transformándolo de una prisión estatal que ofrece programas de rehabilitación para delincuentes de bajo riesgo a un “centro del Medio Oeste” para la aplicación de leyes de inmigración. Pillen y la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, han buscado rebautizar la instalación como la “Cornhusker Clink“.
Pillen, en ese momento, dijo que la instalación seguiría siendo propiedad del estado y estaría operativa a mediados de octubre. A principios de esta semana, indicó que en cambio estaría operativa en noviembre.
“Hay algunos pequeños detalles, pero todo ha progresado muy bien”, dijo Pillen el martes, según informes de KETV. “Estamos muy entusiasmados con ello”.
Pillen ha argumentado previamente que la ley estatal le otorga autoridad mediante la creación del Departamento de Servicios Correccionales de Nebraska, además de una cláusula en la Constitución de Nebraska que establece que “el poder ejecutivo supremo reside en el gobernador”.
Los portavoces de la Oficina del Gobernador de Nebraska, la Oficina del Fiscal General de Nebraska y el Departamento de Servicios Correccionales de Nebraska no hicieron comentarios inmediatos sobre la demanda el jueves.
Siguiendo el dinero
La demandante principal, DiAnna Schimek de Lincoln, se desempeñó en la Legislatura de Nebraska entre 1989 y 2009, incluso como presidenta del Comité de Asuntos Gubernamentales, Militares y de Veteranos de la Legislatura. Ella fue una de los 41 legisladores que aprobaron el Campamento de Ética de Trabajo en 1997 a petición del entonces gobernador Ben Nelson, nativo de McCook y el último gobernador demócrata del estado.
La instalación tenía como objetivo reducir el hacinamiento en las prisiones trasladando a delincuentes de bajo riesgo y liberando espacio para delincuentes más violentos en otros lugares. El Campamento de Ética de Trabajo abrió en 2001, y desde entonces, la Legislatura ha asignado repetidamente fondos estatales para mantener la instalación.
Hasta el año pasado, la instalación tenía un presupuesto estatal de al menos $9.5 millones y alrededor de 85 empleados, según documentos presupuestarios estatales de septiembre de 2024.
Schimek y los 13 residentes de McCook argumentan que, sin la aprobación legislativa, Pillen, Jeffreys y otros funcionarios no pueden convertir la instalación ni usar fondos estatales de manera diferente a como los legisladores han especificado. La demanda también establece que el Departamento de Correcciones tiene autoridad sobre prisioneros estatales, no sobre no ciudadanos que esperan procedimientos civiles para su deportación.
El Departamento de Correcciones contrató a Outback Fence, una empresa de cercas con sede en Lincoln, pagando $750,000 para instalar una cerca de 12 pies (3.6 metros) con alambre de cuchillas en la prisión para fin de mes, con al menos $187,500 ya gastados, según la demanda.
El superintendente de la Patrulla Estatal de Nebraska, Bryan Waugh, en el podio, se une al Gral. Craig Strong a la izquierda y al director del Departamento de Servicios Correccionales de Nebraska, Rob Jeffreys, mientras el estado anuncia una nueva instalación del ICE. 19 de agosto de 2025. (Juan Salinas II/Nebraska Examiner)
Para que su caso sea admitido, Schimek y los residentes de McCook argumentan que el asunto concierne a un gasto ilegal de fondos públicos y a un “asunto de gran preocupación pública”.
Los abogados que representan a Schimek y a los residentes de McCook enviaron una carta de demanda el martes a la Oficina del Fiscal General de Nebraska, solicitando que cesen las acciones “ilegales”. Los demandantes habían amenazado con presentar una demanda antes del miércoles si esas exigencias eran ignoradas o rechazadas.
“Sin una orden judicial, los demandantes sufrirán un daño sustancial e irreparable, que es una dificultad que supera cualquier dificultad que los acusados puedan enfrentar”, afirma la demanda.
Si bien muchas solicitudes de registros públicos que buscan información sobre el plan estatal-federal han sido denegadas, los documentos entregados a un grupo de vigilancia gubernamental indicaron que las negociaciones entre Nebraska y los funcionarios federales comenzaron en marzo o antes, mientras la Legislatura aún estaba en sesión.
Residentes de McCook se pronuncian
En declaraciones juradas por separado, Schimek y los 13 residentes de McCook testificaron sobre sus preocupaciones respecto al plan estatal-federal, expresando inquietud por no haber tenido la oportunidad de participar en la decisión política antes de que Pillen y otros actuaran.
“Me preocupa que la comunidad en la que vivo se convierta en un entorno más tóxico como resultado de que el WEC sea reutilizado para convertirse en un centro de detención de inmigrantes”, dijo Catherine McDowell de McCook en su declaración jurada.
Dale Dueland, residente del condado de Red Willow durante 49 años, dijo ser un voluntario activo para organizaciones comunitarias y cívicas en McCook. Dijo que su enfoque ha sido construir McCook como una “comunidad rural próspera”. Escribió que le preocupaba el “daño irreversible al desarrollo económico y al crecimiento comunitario en los que he trabajado toda mi vida para construir”.
“Específicamente, me preocupa que la reutilización del WEC como centro de detención de inmigrantes afecte negativamente a los negocios locales, los valores de las viviendas y cree un daño reputacional para las organizaciones a las que he servido”, continuó Dueland.
Algunos residentes de McCook expresaron preocupación por los niños de McCook y el “diálogo público tóxico” o “miedo” que la decisión ya ha causado. Ronda Graff dijo que le preocupaba que la reutilización de la prisión socavara los esfuerzos de largo tiempo para crear una “comunidad acogedora, amigable y atractiva”.
La alcaldesa de McCook, Linda Taylor, habla durante una rueda de prensa con el gobernador de Nebraska, Jim Pillen, en el Aeropuerto Regional Ben Nelson de McCook el martes. (Brigham Larington/McCook Gazette)
Muchos reclusos trabajan en la comunidad, y varios residentes dijeron que valoran esas conexiones. Will Branham, miembro del Consejo de Artes de McCook, dijo que los reclusos han contribuido al crecimiento de la escena artística de McCook. Matt Sehnert dijo que ha hablado con hombres del Campamento de Ética de Trabajo sobre perspectivas profesionales y que ellos aprecian ser vistos como “seres humanos valiosos”.
“Estaba claro para mí que los hombres se enorgullecían mucho de trabajar para mejorar nuestra comunidad”, dijo Sehnert en su declaración jurada.
El senador estatal Victor Rountree de Bellevue, miembro del Comité Judicial de la Legislatura, también presentó una declaración jurada como parte de la demanda con respecto a la información que había recopilado del poder ejecutivo.
La demanda busca medidas cautelares preliminares y permanentes para detener el plan estatal-federal e impedir que los funcionarios persigan un plan o contrato similar sin la debida autoridad legislativa.
El juez del Tribunal de Distrito del Condado de Red Willow, Patrick Heng, escuchará el caso durante una audiencia el jueves por la tarde.
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