Por Molly Ashford, Nebraska Public Media
Un juez del condado de Red Willow en Nebraska escuchó este viernes los argumentos de una demanda que busca impedir que el estado utilice fondos públicos para remodelar u operar un centro de detención migratoria en la antigua ubicación del Work Ethic Camp en McCook.
DiAnna Schimek, una exsenadora estatal de Nebraska que participó en la creación de la legislación que estableció el Work Ethic Camp, presentó la demanda junto con otros 13 residentes del condado de Red Willow. Los demandados son el gobernador de Nebraska, Jim Pillen, y Rob Jeffreys, director del Departamento de Correcciones del estado.
Schimek y los demás demandantes solicitan una medida cautelar que suspendería el uso del centro mientras el caso sigue su curso judicial. Los acusados presentaron una moción para desestimar la demanda en su totalidad.
Patrick Heng, juez de un tribunal de distrito del Undécimo Distrito Judicial de Nebraska, no se pronunció sobre ninguna de las mociones durante la audiencia del viernes, que se extendió por más de dos horas. Heng decidirá primero sobre la moción de desestimación y se expedirá sobre la medida cautelar si resuelve no desestimar el caso.
El juez Patrick Heng escucha los argumentos en un caso que cuestiona la transformación del Work Ethic Camp en un centro de detención migratoria (Molly Ashford/Nebraska Public Media)
Aproximadamente una docena de personas observaron el procedimiento desde la sala, mientras un pequeño grupo protestaba en el exterior. Entre los asistentes se encontraba Gary Power, presidente del Partido Demócrata del condado de Red Willow.
“Creo que los demandantes tienen un argumento muy sólido”, comentó. “Pero, no sé. El dinero tiene mucha influencia”.
Pillen anunció en agosto que el estado firmaría un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para operar un centro de detención migratoria en la antigua sede del Work Ethic Camp, una prisión de seguridad mínima en McCook. El centro, inspirado en otras instalaciones estatales similares como el “Alcatraz de los Caimanes” en Florida, fue apodado “Cornhusker Clink” por Pillen y el DHS.
El contrato entre el DHS y el estado se firmó el 20 de septiembre y se hizo público la semana pasada. Nebraska recibirá aproximadamente 2.5 millones de dólares mensuales por albergar hasta 300 detenidos migratorios bajo este contrato, vigente hasta 2027. El estado también recibirá un reembolso de 5.7 millones de dólares por las modificaciones realizadas en el Work Ethic Camp.
La demanda alega que el acuerdo con el DHS usurpa las facultades conferidas a la Legislatura estatal. Según la Constitución de Nebraska, la Legislatura puede asignar la facultad de administrar, controlar y regir las instituciones penitenciarias a la entidad que considere apropiada. En este caso, ambas partes coinciden en que dicha facultad fue asignada al Departamento de Servicios Correccionales de Nebraska.
Los abogados de la Oficina del Fiscal General de Nebraska, que representa a Pillen y Jeffreys, argumentaron que al asignar esta facultad, la legislatura otorga al departamento la discreción para firmar el acuerdo con el DHS.
“Solo necesitan tener discreción”, señaló Lincoln Korell, abogado de los demandados. “Determinar el uso de sus instalaciones es fundamental para su función ejecutiva, y el estatuto les otorga esa discreción. En última instancia, si a los demandantes no les agrada cómo se ejerce esa discreción, pueden expresar sus preocupaciones en las urnas”.
Los demandantes sostuvieron que utilizar fondos públicos para remodelar y operar el centro – independientemente de que el gobierno federal reembolse posteriormente ese dinero – no está permitido por la ley de Nebraska.
“Este caso no trata sobre inmigración, sino sobre nuestra forma de gobierno republicana constitucional”, afirmó Nicholas Grandgenett, uno de los abogados de los demandantes. “[Los demandados] están socavando nuestra estructura de gobierno. Alteran el equilibrio de poder entre los tres poderes y exceden su propia autoridad”.
Los abogados de Pillen y Jeffreys alegaron que la demanda debería desestimarse porque no se incluyó a todas las “partes indispensables” como demandados. Sostuvieron que el gobierno federal, a través del Departamento de Seguridad Nacional, debería estar representado, al igual que el contratista de cercas a quien el estado pagó 750,000 dólares por instalar una valla perimetral de seguridad. También argumentaron que los demandantes carecen de legitimación para interponer la demanda.
El Work Ethic Camp, ahora llamado ‘Cornhusker Clink’ por el Departamento de Seguridad Nacional y el gobernador Jim Pillen, fotografiado el 24 de octubre de 2025. (Molly Ashford/Nebraska Public Media)
Todos los reclusos que estaban asignados al Work Ethic Camp han sido reubicados. Según una revisión de registros penitenciarios realizada por Nebraska Public Media, la mayoría fueron trasladados al Centro de Correcciones Comunitarias en Lincoln o a la Penitenciaría Estatal de Nebraska.
Las instalaciones superaron la inspección final de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) esta semana, según informó Pillen en un comunicado. Indicó que el calendario para recibir a los detenidos en el centro “aún se está definiendo”.
El estacionamiento del antiguo Work Ethic Camp, situado junto a la Ruta 83 de EE. UU. en las afueras de McCook, se encontraba completo el viernes por la tarde.
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