Por Zach Wendling, Nebraska Examiner
Más de 186 reclusos fueron transferidos, liberados o puestos en libertad condicional de la que era una prisión estatal.
Lincoln, NE — Mientras Nebraska convierte una prisión estatal en un centro de detención para migrantes en proceso de deportación, el Departamento de Correcciones de Nebraska confirmó a dónde trasladó a los reclusos estatales del Campamento de Ética Laboral de McCook para liberar espacio.
El plan de transición, anunciado el 19 de agosto, convertirá el Campamento de Ética Laboral a más tardar esta semana. El gobernador Jim Pillen y funcionarios federales dijeron entonces que sería un “centro para el Medio Oeste” del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
En el momento de ese anuncio, Nebraska albergaba a 186 hombres en la instalación de seguridad mínima de McCook, una población total que fluctuaba con las transferencias habituales. El Departamento de Correcciones los transfirió a otras instalaciones estatales de la siguiente manera:
- 103 reclusos a centros correccionales comunitarios de seguridad mínima en Omaha y Lincoln.
- 59 reclusos a unidades de custodia mínima en la Penitenciaría Estatal de Nebraska en Lincoln.
- 17 reclusos a unidades de custodia mínima en el Centro Correccional de Omaha.
- 7 reclusos a libertad condicional.
- 2 reclusos liberados.
- 1 recluso puesto bajo supervisión postliberación.
“Varios” también fueron transferidos temporalmente al Centro de Recepción y Tratamiento y a cárceles condales, “por razones de conducta y no relacionadas con la transición del Campamento de Ética Laboral”, declaró un portavoz del departamento.
Rob Jeffreys, director del Departamento de Servicios Correccionales de Nebraska, se dirige al Comité Judicial de la Legislatura. 25 de enero de 2025. (Cindy Gonzalez/Nebraska Examiner)
Los legisladores estatales crearon un “campamento de ética laboral” en la ley estatal con una votación de 41-1 en abril de 1997, a petición del nativo de McCook y entonces gobernador Ben Nelson. Inaugurado en 2001, fue diseñado para reducir el hacinamiento penitenciario mediante programas de rehabilitación para infractores de bajo riesgo, como método para liberar espacio para reclusos más violentos en otras prisiones.
La instalación había atendido a hombres adultos condenados por delitos graves que necesitaban tratamiento por consumo de sustancias o reestructuración cognitiva. Contaba con un presupuesto estatal de $10.2 millones.
Rob Jeffreys, director del Departamento de Servicios Correccionales, declaró la semana pasada en un documento judicial que todos los reclusos asignados anteriormente al Campamento de Ética Laboral habían sido trasladados a otras prisiones que estaban “disponibles, adecuadas y apropiadas para… satisfacer los requisitos de programación de los reclusos”.
“En mi opinión como director del NDCS, los reclusos transferidos fuera de la instalación para dar cabida a los detenidos [del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU.] recibirán en el centro de transferencia una programación equivalente o que cumple con la que recibían en la instalación”, afirmó Jeffreys en la declaración jurada.
Si Nebraska necesitara transportar reclusos estatales de vuelta al Campamento de Ética Laboral junto a los detenidos de ICE, el estado incurriría en costos por hacerlo. El contrato del 30 de septiembre está vigente por un período inicial de dos años. La oficina de Pillen estima que podría generar a Nebraska unos $14 millones anuales. La instalación reconvertida, ahora mixta estatal-federal, seguirá siendo de propiedad y operación estatal.
Una demanda presentada el 15 de octubre argumenta que Pillen y Jeffreys violaron la Constitución de Nebraska y la ley estatal al firmar el contrato con ICE y buscaron “usurpar” la autoridad legislativa. Un juez de la Corte del Condado de Red Willow permitió que el caso procediera pero se negó a suspender el acuerdo Nebraska-ICE mientras se debate, fallando que Pillen y Jeffreys cumplieron con la ley.
Funcionarios han indicado que se espera que los primeros detenidos de ICE sean enviados a McCook para finales de esta semana. Los inspectores de ICE completaron los recorridos de la instalación la semana pasada y la certificaron para uso federal.
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