El Center for Legal Immigration Assistance. (Foto de archivo)
Por Jessica Meza, Nebraska Public Media
En medio del aumento de arrestos migratorios en Nebraska y del creciente rezago en las audiencias judiciales relacionadas, las organizaciones sin fines de lucro del estado que brindan ayuda legal a inmigrantes enfrentan un fuerte incremento en la demanda de representación.
Muchas aseguran que la necesidad de sus servicios ha aumentado y que no pueden responder con la rapidez necesaria.
En los primeros 10 meses de 2025, hubo un incremento de 329% en los arrestos realizados por Immigration and Customs Enforcement en Nebraska, en comparación con el mismo periodo de 2024.
El Center for Immigrant & Refugee Advancement (CIRA) y el Center for Legal Immigration Assistance (CLIA) son dos organizaciones sin fines de lucro que trabajan para ofrecer servicios legales a inmigrantes y refugiados que los necesitan.
Rezago de varios meses
Roxana Cortés-Mills, directora legal de CIRA, dijo que su organización tiene una lista de espera de entre tres y seis meses solo para una consulta. A inicios de marzo, Cortés-Mills dijo que había 88 personas en espera de recibir una consulta.
Roxana Cortés-Mills
Jonathan Rubio, representante legal de CLIA, dijo que su organización enfrenta un rezago similar. Allí, la lista de espera es de entre cuatro y 12 meses para que una persona reciba servicios legales. Ambas organizaciones señalaron que el tiempo de espera depende de cada caso.
El rezago en la corte de inmigración se traduce en largos periodos de espera para que los inmigrantes puedan presentar sus casos ante un juez. Según TRAC, una base de datos sobre inmigración, la corte migratoria de Nebraska tiene actualmente el mayor tiempo promedio de espera en todo el país.
Con un promedio de 1,121 días de espera al 20 de marzo, eso representa un aumento de casi 37% en comparación con hace 10 años, durante la primera administración Trump.
Kevin Ruser, director de la clínica de inmigración de la University of Nebraska, dijo que el rezago venía acumulándose desde mucho antes de la administración Trump. Ruser lo remonta a la década de 1990, cuando las plantas empacadoras de carne llegaron al estado y, con ellas, una fuerza laboral inmigrante.
Cortés-Mills, directora legal de CIRA, añadió que los jueces de inmigración ya no tienen acceso a herramientas de gestión de casos debido a que la administración actual eliminó memorandos que otorgaban mayor autoridad a jueces y fiscales. A su juicio, esos cambios han aumentado la cantidad de personas que enfrentan deportación y han agravado el rezago.
Jonathan Rubio
Cortés-Mills dijo que la implementación de herramientas administrativas daría a los jueces más flexibilidad y autoridad para decidir quién enfrenta activamente un proceso de deportación.
Disminuyen los servicios legales
Mientras los inmigrantes enfrentan dificultades para tener su día ante la corte, también batallan para encontrar representación adecuada. Cortés-Mills dijo que muchas de las personas que se quedan sin representación terminan defendiéndose solas o autodeportándose.
Al final del semestre de primavera, la clínica de inmigración de Ruser cerrará después de 28 años. Cortés-Mills dijo que el cierre de la clínica será un golpe para los esfuerzos de apoyo a inmigrantes.
“Cada vez que una oficina que brinda representación legal migratoria calificada cierra sus puertas y reduce el número de proveedores legales disponibles para tomar casos en Nebraska, eso afecta tanto a la comunidad inmigrante y refugiada como a nosotros, los proveedores que actualmente damos ese servicio, porque hay menos manos en esto. Somos menos”, dijo.
Cortés-Mills encontró su vocación por el derecho migratorio a través de esa clínica y teme que otros estudiantes ya no tengan esa oportunidad.
Cortés-Mills señaló que estos cambios afectan con más fuerza a los inmigrantes que viven en zonas rurales, o “desiertos legales”. Rubio dijo que quienes viven en áreas rurales tendrán que recorrer distancias mayores para buscar ayuda legal.
Aunque no existen reportes ni cifras sobre el número actual de abogados de inmigración, las organizaciones sin fines de lucro han detectado que el aumento de casos exige más representación legal y más jueces para atender el rezago y la disminución de servicios.
Ruser dijo que espera que el nombramiento de dos nuevos jueces de inmigración ayude a acelerar los casos.
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