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Por Hola Nebraska
La ley, vigente desde 2006, permitía que ciertos estudiantes indocumentados graduados de preparatorias de Nebraska pagaran la colegiatura reservada para residentes del estado en colegios y universidades públicas.
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Un juez federal anuló una ley de Nebraska que permitía a algunos estudiantes indocumentados pagar una colegiatura más baja en colegios y universidades públicas del estado.
En este caso, la colegiatura se refiere al precio que cobra una institución por tomar clases. En las universidades públicas, ese costo suele ser distinto para estudiantes residentes y no residentes: quienes califican como residentes del estado normalmente pagan menos que quienes llegan de otro estado o no cumplen las reglas de residencia.
La decisión fue emitida el miércoles por el juez federal de distrito Brian Buescher, quien determinó que la ley estatal queda desplazada por la ley federal y prohibió su aplicación.
La norma estaba vigente desde 2006. Bajo esa ley, ciertos estudiantes no ciudadanos podían pagar la tarifa de residentes si se habían graduado de una preparatoria de Nebraska, habían vivido en el estado por al menos tres años y cumplían otros requisitos.
El fallo elimina una vía que durante casi dos décadas permitió a algunos estudiantes formados en escuelas de Nebraska pagar un costo universitario más bajo en instituciones públicas del estado.
La tarifa para residentes puede ser mucho menor que la de no residentes
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La diferencia entre la colegiatura para residentes y la colegiatura para no residentes puede representar miles de dólares por año.
En la Universidad de Nebraska-Lincoln, por ejemplo, la estimación de matrícula y cuotas para estudiantes de pregrado en 2025-2026 es de $11,100 para residentes y $30,330 para no residentes.
La ley anulada permitía que ciertos estudiantes indocumentados fueran tratados como residentes para fines de colegiatura, siempre que cumplieran los requisitos establecidos por Nebraska.
Esa diferencia está en el centro del caso. El Departamento de Justicia de Estados Unidos y el estado de Nebraska argumentaron que la ley permitía un beneficio educativo a estudiantes sin estatus legal que no estaba disponible en las mismas condiciones para ciudadanos estadounidenses de otros estados.
El Departamento de Justicia demandó a Nebraska en abril
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó al estado de Nebraska en abril para pedir que la ley fuera declarada inválida.
La demanda también cuestionó otros estatutos estatales que permitían programas de becas para estudiantes indocumentados.
Tanto el Departamento de Justicia como el estado argumentaron que la ley de Nebraska entraba en conflicto con una ley federal sobre beneficios de educación postsecundaria para personas que no están legalmente presentes en Estados Unidos.
Esa ley federal establece, en parte, que una persona sin presencia legal en el país no puede recibir un beneficio de educación postsecundaria con base en su residencia dentro de un estado, a menos que ciudadanos estadounidenses también puedan recibir ese beneficio.
En su opinión de 54 páginas, Buescher escribió que los estatutos de Nebraska sobre requisitos de residencia para que personas sin estatus legal obtuvieran colegiatura de residentes violaban la ley federal.
La ley aplicaba a estudiantes graduados de preparatorias de Nebraska
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La ley anulada no aplicaba a todos los estudiantes indocumentados por igual.
Para calificar, los estudiantes debían haberse graduado de una preparatoria de Nebraska y haber residido en el estado por al menos tres años, además de cumplir otros requisitos establecidos por la ley.
La medida estaba dirigida a estudiantes que habían construido parte de su vida educativa en Nebraska, aunque no tuvieran estatus migratorio legal.
Con la orden federal, el estado ya no puede aplicar esa vía para que esos estudiantes paguen la tarifa más baja reservada a residentes.
La resolución también afecta los estatutos relacionados con programas de becas para estudiantes indocumentados que fueron impugnados por el Departamento de Justicia.
Organizaciones intentaron participar en el caso
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Dos organizaciones buscaron intervenir como partes en el caso: True Potential y Orel Alliance.
True Potential ofrece becas a beneficiarios del programa Deferred Action for Childhood Arrivals, conocido como DACA. Orel Alliance trabaja con inmigrantes y refugiados ucranianos.
Buescher rechazó la solicitud de intervención al considerar que ninguna de las organizaciones tenía legitimación legal para participar como parte en el caso.
Las organizaciones también pidieron detener el proceso mientras se esperaba una posible apelación ante la Corte de Apelaciones del 8.º Circuito de Estados Unidos.
El juez rechazó esa solicitud. En su decisión, señaló que mantener en vigor los estatutos impugnados hasta otro año académico iría en contra del interés público.
El fiscal general de Nebraska no defendió la ley estatal
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Después de la decisión, el fiscal general de Nebraska, Mike Hilgers, emitió un comunicado en el que dijo estar agradecido por el resultado.
Hilgers afirmó que la ley federal no permite extender beneficios a personas sin estatus legal que no estén disponibles para ciudadanos estadounidenses.
En el caso, Hilgers no defendió la ley estatal y aceptó un acuerdo propuesto con el gobierno federal para invalidarla.
Partes externas habían argumentado en escritos de amigo de la corte que la demanda era colusoria, debido a que el fiscal general decidió no defender la ley y entró en un acuerdo con el gobierno federal.
Buescher rechazó ese argumento. El juez indicó que sí existía un caso o controversia porque la ley estatal seguía vigente y el estado no había tomado medidas para conceder el remedio solicitado por Estados Unidos: la invalidación de los estatutos cuestionados.
El fallo llega antes del próximo año académico
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La decisión en Nebraska llega en medio de una ofensiva legal del Departamento de Justicia contra leyes estatales que permiten tarifas de residentes a algunos estudiantes indocumentados.
En Nebraska, la resolución deja sin efecto una política estatal aprobada en 2006 y mantenida durante años en colegios y universidades públicas del estado.
El juez señaló que suspender el caso mientras avanzaba una posible apelación habría permitido que los estatutos impugnados siguieran vigentes al menos hasta el próximo año académico.
La decisión puede cambiar el costo de asistir a instituciones públicas para estudiantes que antes calificaban bajo los requisitos estatales anulados.
La orden federal prohíbe aplicar la ley de colegiatura para residentes
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La orden de Buescher prohíbe la aplicación de la ley que permitía a ciertos estudiantes indocumentados pagar la colegiatura de residentes en Nebraska.
El juez también hizo algunos cambios editoriales al acuerdo de consentimiento propuesto por el estado y el gobierno federal. Según la resolución, esos cambios fueron ajustes menores de redacción.
Las organizaciones que buscaron intervenir en el caso podrían apelar la negativa de intervención ante el 8.º Circuito.
La ley que reducía el costo universitario para algunos estudiantes indocumentados, vigente desde 2006, quedó bloqueada por la decisión federal emitida el miércoles.
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