Por Zach Wendling, Nebraska Examiner
Contrato inicial por dos años; oficina del gobernador Jim Pillen afirma ganancias de $14.25 millones anuales
Lincoln, Nebraska — El estado de Nebraska firmó oficialmente un contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) el 30 de septiembre para convertir la prisión estatal en McCook en un centro de detención de ICE, anunciaron funcionarios el viernes.
Bajo el contrato inicial de dos años y 183 páginas, ICE pagará a Nebraska al menos $2.5 millones mensuales para albergar a detenidos federales, hombres y mujeres adultos, en el Campamento de Ética Laboral de Nebraska, que incluye una tarifa diaria de $269.17 por detenido. En el segundo año, los pagos mínimos de ICE a Nebraska aumentarían un 3%.
El Campamento de Ética Laboral tenía previamente un costo operativo anual de $10.2 millones y una tarifa diaria de $199.50 por recluso. Solo albergaba reclusos hombres.
La alcaldesa de McCook, Linda Taylor, habla durante una conferencia de prensa con el gobernador de Nebraska, Jim Pillen, en el Aeropuerto Regional Ben Nelson de McCook. (Brigham Larington/McCook Gazette)
La oficina del gobernador Jim Pillen afirmó que el contrato generaría anualmente cerca de $14.25 millones para Nebraska. ICE también acordó pagar al estado $5.9 millones en una sola suma para “renovaciones de la instalación”.
Ahorros proyectados
Kenny Zoeller, director de la Oficina de Investigación de Políticas del gobernador, que funciona principalmente como su brazo de cabildeo legislativo, dijo en un correo a senadores estatales el viernes que el acuerdo está “diseñado para maximizar el beneficio fiscal”.
“Este nuevo modelo de ingresos, al compararlo con el gasto operativo anual actual de la instalación proveniente de fondos generales, demuestra una ventaja financiera significativa para el estado de Nebraska”, escribió Zoeller.
No se pudo contactar de inmediato al presidente de la Legislatura de Nebraska, John Arch de La Vista.
La oficina de Pillen indicó que la instalación, que según los funcionarios se renombraría “Cornhusker Clink“, seguirá siendo propiedad estatal, y que el Departamento de Servicios Correccionales de Nebraska continuará operándola.
El director de Correcciones, Rob Jeffreys, firmó el contrato en nombre de Nebraska. El documento establece que Nebraska e ICE podrían acordar utilizar el Campamento de Ética Laboral de esta manera hasta por cinco años.
La oficina de Pillen ahora estima que el estado podría comenzar a recibir detenidos antes de noviembre. Jeffreys ha dicho que espera que la instalación pueda ser un “centro para el Medio Oeste” en la aplicación de leyes de inmigración.
“Estoy muy agradecido con el presidente Trump y la secretaria Kristi Noem del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por su firme liderazgo en asegurar la frontera sur de nuestra nación y abordar la inmigración ilegal me
Trece legisladores estatales de Nebraska asistieron a una conferencia en la Casa Blanca el martes 9 de septiembre de 2025. (Foto cortesía del Senador Estatal Loren Lippincott)
diante iniciativas como esta”, dijo Pillen el viernes en un comunicado.
Los menores de edad no deben ser alojados en la prisión reconvertida. Cualquier joven enviado allí debe ser reubicado en 72 horas y alojado separado de los adultos durante ese tiempo, establece el contrato.
Contactado el viernes, el senador estatal Rob Clements de Elmwood, presidente del Comité de Asignaciones de la Legislatura, dijo que aún no había revisado el contrato pero que le complacía saber que se había firmado. Manifestó que seguía apoyando el uso de esas instalaciones “para hacer cumplir la ley”.
“Solo sabía que íbamos a cubrir todos nuestros gastos, pero no sabía que íbamos a ganar tanto dinero”, dijo Clements. “Me complace escuchar eso”.
Señaló que los fondos adicionales también podrían ayudar a la situación presupuestaria de Nebraska y que “todo ayuda” mientras el estado enfrenta un déficit presupuestario proyectado.
“El público tiene derecho a saber”
La senadora estatal Megan Hunt de Omaha calificó el contrato el viernes como “no solo moralmente incorrecto, sino inconstitucional” debido a los controles y equilibrios legislativos. Criticó las cláusulas que prohíben videograbar, grabar y el acceso público a la instalación estatal, lo que contradice el funcionamiento de otras instalaciones estatales.
“Los contribuyentes de Nebraska financian esta prisión, y el público tiene derecho a saber qué sucede dentro”, dijo Hunt. “Cuando se bloquea la supervisión, el abuso prospera”.
El senador estatal Terrell McKinney de Omaha advirtió que ICE podría retener o deducir pagos estatales por supuesto incumplimiento en la instalación y que si se violan los derechos de los detenidos, los contribuyentes de Nebraska podrían asumir los costos legales.
Los senadores estatales Victor Rountree de Bellevue y Megan Hunt de Omaha. 10 de abril de 2025. (Zach Wendling/Nebraska Examiner)
Hunt dijo que si ICE o funcionarios estatales impiden a los senadores realizar supervisiones, violaría la separación de poderes y obstruiría las funciones constitucionales de los legisladores.
No estuvo claro por qué los funcionarios no divulgaron el contrato durante 17 días después de que Jeffreys y un funcionario federal no identificado lo firmaron el 30 de septiembre, horas antes del cierre federal en curso. La oficina de Pillen y la agencia de Jeffreys habían denegado múltiples solicitudes de acceso a la información durante ese periodo, incluida una del Examiner solicitando una copia del contrato el 2 de octubre.
Detalles de la transición penitenciaria
La abogada Jennifer Huxoll, de la Oficina del Fiscal General de Nebraska, informó a un juez de la Corte de Distrito del Condado de Red Willow el jueves que desconocía cuándo abriría la instalación, pero que todos los reclusos estatales habían sido trasladados. Un portavoz de Servicios Correccionales no pudo especificar el viernes adónde habían sido reubicados.
Zoeller dijo que todos los reclusos estatales restantes fueron transferidos a otras instalaciones la semana pasada. Había 186 reclusos en el centro el 19 de agosto cuando Pillen anunció el plan.
Jennifer Huxoll, jefa de la Oficina de Litigios Civiles de la Oficina del Fiscal General de Nebraska. 2 de agosto de 2024. (Zach Wendling/Nebraska Examiner)
Huxoll también indicó que Nebraska había celebrado múltiples contratos, aunque no especificó con quiénes. La agencia de Jeffreys actualmente contrata a una empresa de cercas de Lincoln por $750,000 para construir una valla de alambre de púas alrededor del Campamento de Ética Laboral, que según Huxoll estaba completa en un 90%.
Zoeller dijo que continuarán las modificaciones internas para que Nebraska pueda albergar hasta 300 detenidos, frente a los aproximadamente 200 actuales, y permitir visitas de abogados y procedimientos judiciales virtuales y presenciales. Proveer espacio adicional implicará convertir áreas de programación rehabilitadora. Zoeller dijo que se instaló un sistema de detección de intrusos y que personal armado patrullará constantemente el perímetro.
La plantilla aumentará de 97 a 171 empleados a tiempo completo. Zoeller dijo que los nuevos puestos brindarán cobertura para espacios reutilizados, unidades de vivienda y transporte. El transporte se reembolsará mensualmente a $10,816.67, con tarifas regulares y extra para guardias de turno.
Los niveles mínimos de personal requeridos al estado según el contrato han sido censurados, al igual que la información sobre el manejo de emergencias al recibir o liberar detenidos.
“NDCS ha desarrollado capacitación específica para el manejo de la población detenida y explora opciones para utilizar servicios de traducción electrónica para ayudar a detenidos que no hablan inglés”, dijo Zoeller.
Demanda por separación de poderes
Los legisladores estatales crearon el Campamento de Ética Laboral en 1997 a solicitud del entonces gobernador Ben Nelson, nativo de McCook y último gobernador demócrata del estado. Inaugurado cuatro años después, la prisión busca reducir el hacinamiento penitenciario trasladando a infractores de bajo riesgo y liberando espacio para ofensores más violentos.
Senadores estatales progresistas de Nebraska se reúnen fuera del hemiciclo legislativo. 26 de marzo de 2025. (Zach Wendling/Nebraska Examiner)
Trece residentes de McCook, más un ex legislador estatal, presentaron una demanda el miércoles para detener la transición y reapertura del Campamento de Ética Laboral. Argumentan que al no obtener aprobación legislativa primero, Pillen y Jeffreys violan la separación de poderes entre los poderes ejecutivo y legislativo.
El juez del Distrito de Red Willow, Patrick Heng, escuchará argumentos el próximo viernes sobre una medida cautelar. Esta semana declinó bloquear acciones mientras tanto.
Funcionarios estatales no respondieron de inmediato si comenzarían a aceptar detenidos federales antes de que se resuelva la medida cautelar. Una orden judicial suspendería las acciones hasta que la demanda sea evaluada integralmente.
En 1958, los votantes otorgaron a la Legislatura autoridad sobre la “gestión, control y gobierno general” de todas las instituciones penales estatales. La demanda cita esta disposición constitucional y una ley estatal que impide a agencias estatales cambiar el “uso o propósito, tipo o clase” de edificios públicos financiados con impuestos asignados por legisladores.
Pillen ha sostenido que la ley estatal le otorga autoridad mediante la creación del Departamento de Correcciones, más una cláusula constitucional que establece que “el poder ejecutivo supremo reside en el gobernador”.
Nick Grandgenett, abogado de los residentes de McCook, dijo al juez Heng que la ley estatal tampoco autoriza a la agencia de Jeffreys a albergar detenidos federales.
“En esencia, esto no se trata de inmigración”, dijo Grandgenett el jueves. “Se trata de nuestra forma de gobierno republicana constitucional”.
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