Por Zach Wendling, Nebraska Examiner
Lincoln, NE — Un juez de tribunal distrital en el suroeste de Nebraska permitirá que el estado avance con los planes del gobernador Jim Pillen de convertir una prisión estatal en un centro de detención para migrantes sujetos a procesos de deportación.
El juez del condado de Red Willow, Patrick Heng, en un fallo de 17 páginas emitido el lunes, determinó que Pillen y Rob Jeffreys, director del Departamento de Servicios Correccionales de Nebraska, no violaron la Constitución estatal ni las leyes de Nebraska al firmar un contrato el 30 de septiembre con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) para convertir el Campamento de Ética Laboral del estado en McCook en un centro de detención regional de ICE.
ICE certificó las instalaciones la semana pasada, anunció Pillen el jueves. Funcionarios estatales y federales indicaron que esperan albergar a los primeros detenidos para finales de esta semana. El viernes se realizó una audiencia sobre la moción y la demanda continuará su curso.
“Es claro que la situación actual con el departamento y los detenidos de ICE nunca fue contemplada cuando se crearon los estatutos, pero el lenguaje utilizado por la Legislatura es lo suficientemente amplio para permitir que los acusados tomen la acción que han elegido”, escribió Heng.
Pillen y funcionarios federales anunciaron la asociación Nebraska-ICE el 19 de agosto. Jeffreys firmó el contrato el 30 de septiembre, el cual se hizo público el 17 de octubre, dos días después de interpuesta la demanda.
Pillen, al reaccionar al fallo de Heng el lunes por la tarde, dijo apreciar que el juez afirmara la autoridad del estado para operar lo que él y los funcionarios federales denominan el “Cornhusker Clink”. Su oficina estima que el contrato reportará a Nebraska más de $14 millones anuales.
“El acuerdo que tenemos con [el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.] es beneficioso para los contribuyentes de Nebraska, y asegura que hacemos todo lo posible para mantener a inmigrantes ilegales criminales fuera de nuestras calles”, declaró Pillen en un comunicado.
Los abogados de Nebraska Appleseed, que presentaron la demanda el 15 de octubre representando a 13 residentes de McCook y a la exsenadora estatal DiAnna Schimek de Lincoln, expresaron su decepción porque el tribunal no detuvo los cambios.
En una declaración, Robert McEwen, director legal de Appleseed, manifestó su satisfacción porque Heng permitió que el caso continúe avanzando.
“El caso proseguirá a partir de aquí, y continuaremos representando los intereses de nuestros clientes para detener las actividades de los acusados relacionadas con el campo de detención a gran escala en McCook”.
Schimek fue una de las legisladoras originales que autorizó la creación del Campamento de Ética Laboral del estado en 1997. Este comenzó a operar en 2001.
Ella y los contribuyentes argumentaron que Pillen y Jeffreys intentaban “usurpar” la autoridad legislativa al cambiar el uso de las instalaciones de McCook —establecido por ley— sin obtener primero la aprobación legislativa.
Heng desestimó una moción estatal para rechazar la demanda —señalando que los contribuyentes tenían derecho legal a cuestionar el asunto— pero denegó la solicitud de suspender la asociación estatal-federal.
Heng también determinó que los residentes de McCook y Schimek habían demostrado tener legitimación para demandar, aun cuando los abogados del estado representando a Pillen y Jeffreys argumentaron que otros —como la Legislatura, reclusos estatales desplazados de las instalaciones de McCook o futuros detenidos federales— podrían estar en mejor posición para impugnar la acción. Dijo que los residentes de McCook y Schimek habían cumplido con su carga probatoria.
Al denegar la solicitud de una medida cautelar temporal, Heng citó el requisito de la Constitución de Nebraska de que la “administración, control y gobierno general” de todas las instituciones penales estatales corresponde a la Legislatura. Su pregunta principal era si la Legislatura había delegado esa autoridad.
“La respuesta es obviamente, ‘sí’”, escribió Heng.
Señaló la creación del Departamento de Servicios Correccionales de Nebraska y la autoridad del gobernador para nombrar un director, quien a su vez tiene la supervisión general del sistema correccional. Heng también determinó que Pillen y el poder ejecutivo tienen amplia autoridad para celebrar contratos con el gobierno federal.
“Cuando la Legislatura delega autoridad, puede imponer las restricciones y limitaciones a esa autoridad que considere necesarias”, continuó Heng. “No lo ha hecho en este caso”.
Para suspender el acuerdo Nebraska-ICE, Heng señaló que los 14 contribuyentes necesitaban demostrar “daño irreparable”, una probabilidad de éxito en los fundamentos del caso y un balance de perjuicios a favor de los contribuyentes sobre el gobierno. Heng escribió que aún no estaba convencido de que los demandantes tuvieran probabilidades de éxito.
Heng también determinó que la ley de Nebraska otorga ampliamente al estado la autoridad para albergar a cualquier persona “encomendada” al Departamento de Correcciones, incluidos detenidos federales.
Heng afirmó que, si bien la ley estatal exige un campamento de ética laboral, no requiere que esté en McCook o en el condado de Red Willow. Dijo que la ubicación es una decisión que corresponde al director de correcciones, quien ha firmado una declaración jurada indicando que los programas de rehabilitación de la antigua instalación de McCook estarán disponibles en otras instalaciones estatales.
“Si no existe tal instalación para reclusos calificados”, dijo Heng, “ese no es el objeto de esta demanda”.
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