Nebraska: legisladores escuchan horas de testimonio sobre proyectos de ley de aplicación de leyes migratorias

Lincoln, NE – Decenas de habitantes de Nebraska se reunieron el viernes en el Capitolio Estatal para una concentración y audiencias consecutivas sobre cinco medidas relacionadas con inmigración, dirigidas a limitar las tácticas de ICE en el estado y aumentar el escrutinio público.

Defensores de mayores restricciones a las actividades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. dominaron las cerca de cuatro horas de testimonio ante el Comité Judicial de la Legislatura.

Solo dos personas se pronunciaron en contra de alguno de los cinco proyectos de ley. Ambos eran directores de agencias de la administración del gobernador Jim Pillen.

Las dos primeras audiencias —sobre los Proyectos de Ley Legislativos 854 y 906, que buscan frenar el uso de mascarillas por parte de agentes de inmigración en Nebraska, salvo en circunstancias específicas— reunieron a más de 20 simpatizantes.

“Es contrario a los valores estadounidenses tener una fuerza policial secreta y enmascarada en nuestro país”, dijo la senadora estatal Megan Hunt, de Omaha, al hablar de su LB 854. “Las razones son muchas”.

La senadora estatal Margo Juarez, del sur de Omaha, presentó la similar LB 906. Ambos proyectos contemplan ciertas excepciones. Sus patrocinadoras dijeron que también buscan impedir que personas que se hacen pasar por agentes de ICE oculten sus rostros para intentar cometer delitos.

Mia Perales, estudiante de la Universidad de Nebraska-Lincoln, fue una de las participantes que dijeron querer transmitir a los legisladores las inquietudes de la juventud. Comentó que no sería parte de una “fuga de cerebros” que abandonara Nebraska por los altos impuestos o el costo de la vivienda.

Más bien, dijo que su preocupación es la transparencia y el respeto hacia personas de todos los orígenes. Si se fuera, añadió, sería porque “no se están respetando mis valores”.

Las dos personas que se opusieron a los proyectos fueron el coronel Bryan Waugh, superintendente de la Patrulla Estatal de Nebraska, y Rob Jeffreys, director del Departamento de Correcciones de Nebraska.

Ambos cuestionaron los Proyectos de Ley Legislativos 963 y 881, presentados respectivamente por el senador estatal Terrell McKinney, del norte de Omaha, y el senador estatal Dunixi Guereca, de Omaha.

La LB 963 de McKinney prohibiría que agencias y funcionarios estatales celebren acuerdos relacionados con la aplicación de leyes migratorias sin aprobación legislativa, y busca anular un acuerdo que el otoño pasado convirtió una prisión estatal orientada a la rehabilitación, en McCook, en un centro de detención de ICE para migrantes. Ha criticado reiteradamente la decisión de Pillen de asociarse con funcionarios federales, afirmando que la Legislatura debería haber tenido supervisión.

“ICE está fuera de control en Estados Unidos”, dijo McKinney. “Están matando a ciudadanos estadounidenses”.

Jeffreys, como en ocasiones anteriores, dijo que el gobernador tenía la autoridad para convertir el Work Ethic Camp en un centro de detención de ICE. Sostuvo que el cambio no “interrumpió” a los internos del WEC que tuvieron que ser reubicados en otras instalaciones, y señaló que el gobierno federal ha reembolsado puntualmente al estado por los costos. La oficina de Pillen ha estimado que los reembolsos de ICE reportarán a Nebraska 14,5 millones de dólares anuales.

En el próximo mes, dijo Jeffreys, la instalación debería concluir trabajos que permitirían sumar 100 detenidos más, además de su capacidad actual de unos 200.

Varios oradores protestaron la falta de participación pública en la conversión. Entre ellos estuvo Phil Lyons, abogado de McCook y subfiscal del condado de Red Willow, quien dijo hablar a título personal.

Lyons afirmó que le molestó que la comunidad no hubiera sido consultada.

“Me parece una mala imagen”, dijo. “No quiero estar asociado con un campo de concentración. No quiero que eso se asocie con McCook. Merecemos algo mejor”.

Guereca, al describir su LB 881, se centró en agencias policiales estatales y locales que firman acuerdos 287(g) con el gobierno federal para hacer cumplir leyes de inmigración. La legislación requeriría notificación previa a un cuerpo de gobierno local y convocar una audiencia pública.

Waugh dijo que los nuevos requisitos podrían “obstaculizar inadvertidamente las operaciones de seguridad pública, retrasar decisiones sensibles al tiempo y generar cargas administrativas”.

“Muchos acuerdos o interacciones con socios federales ocurren en situaciones de urgencia”, dijo. “El marco del proyecto podría limitar la flexibilidad que las agencias necesitan para responder”.

El jefe de la Patrulla Estatal cuestionó la afirmación de Guereca de que estos acuerdos generan costos para los habitantes de Nebraska. Señaló que seis patrulleros estatales han recibido 40 horas de capacitación del Departamento de Seguridad Nacional y han realizado 65 arrestos relacionados con inmigración.

Waugh indicó que el gobierno federal ha reembolsado al estado por kilometraje de vehículos y otros gastos.

Guereca sostuvo, sin embargo, que el reembolso no está garantizado. Expresó preocupación por departamentos del sheriff que celebren acuerdos y que los residentes locales terminen asumiendo los costos. Ofreció ejemplos, incluido el condado de Harris, en Texas, que puso fin a su programa en 2017 porque costaba 675.000 dólares al año.

Guereca dijo que la Oficina del Inspector General del DHS estimó que ICE ahorra entre 120.000 y 250.000 dólares anuales por cada acuerdo 287(g), porque “los agentes de las fuerzas del orden locales realizan funciones similares” a los oficiales de ICE.

“Los contribuyentes merecen tener voz en el proceso”, afirmó Guereca.

Otra propuesta legislativa de Juarez presentada el viernes prohibiría que agentes del orden ingresen a ciertos “espacios comunitarios seguros” para hacer cumplir leyes migratorias sin una orden judicial. El Proyecto de Ley Legislativo 907 recibió múltiples apoyos, incluido Daniel Russell, de la organización sin fines de lucro Nebraska Stand for Schools.

La medida busca garantizar que lugares como escuelas y centros de atención infantil y de salud no sean “interrumpidos por acciones migratorias sin orden judicial”.

Russell dijo que familias y estudiantes están tensos en Nebraska al ver operativos de inmigración en ciudades como Minneapolis y Los Ángeles.

Cuando los padres están preocupados, dijo, “los niños no asisten a clases o no participan plenamente en la jornada escolar”.

Afirmó que, si bien ICE no ha intervenido en escuelas de Nebraska, el proyecto de Juarez podría reducir tensiones y servir como medida preventiva.

Lina Traslaviña Stover, directora ejecutiva del Heartland Workers Center, se unió a Russell y otros en la concentración previa a las audiencias en el Capitolio Estatal. Dijo que muchos miembros de la comunidad latina en Nebraska viven con miedo. “Hombres con máscaras y autos sin distintivos se están llevando a nuestros vecinos”.

“El miedo no es seguridad pública”, señaló.

Juarez habló a las cerca de 50 personas reunidas, muchas de las cuales portaban carteles que decían “Protect Our Communities” y camisetas con el mensaje “I am a Friend of Immigrants”.

Aseguró que el país y Nebraska atraviesan momentos sin precedentes.

Como legisladores, dijo, “estamos aquí para demostrarles que nos importan”.

El Comité Judicial no tomó medidas inmediatas el viernes respecto a ninguna de las propuestas. Fue el último día de audiencias públicas, y el resto de la sesión legislativa de 60 días, que termina a mediados de abril, estará dedicado por completo al debate.