Las representantes de Estados Unidos Kelly Morrison, Ilhan Omar y Angie Craig, de Minnesota, todas demócratas, llegan a las afueras de la sede regional de ICE en el Bishop Henry Whipple Federal Building el 10 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. Las legisladoras intentaron acceder a la instalación donde el Departamento de Seguridad Nacional ha tenido su sede en el estado. (Foto: Stephen Maturen/Getty Images)*
Por Ariana Figueroa, Nebraska Examiner
Washington, D.C – Un juez federal bloqueó temporalmente el lunes una política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que establecía un requisito de aviso con siete días de anticipación para que los miembros del Congreso realicen visitas de supervisión a instalaciones donde se retiene a inmigrantes, al considerar que probablemente viola una ley de asignaciones presupuestarias que permite visitas sin previo aviso.
La orden de la jueza Jia Cobb, del Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia, rechaza los argumentos iniciales de la administración Trump de que el flujo de financiamiento separado derivado del paquete de recortes de impuestos y gasto aprobado el año pasado elude una ley de asignaciones de 2019 que permite a los legisladores realizar visitas de supervisión sin previo aviso a esas instalaciones.
Los miembros del Congreso demandaron al gobierno por la política impulsada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
“A lo largo de este litigio, los demandados han enfatizado la enorme cantidad de dinero asignada al DHS y a ICE bajo la (One Big Beautiful Bill Act). El tribunal coincide en que esos fondos son, en efecto, asombrosos”, dijo Cobb. “Pero el poder del presupuesto recae en el Congreso y, aun una agencia con amplios recursos, debe cumplir con las restricciones del Congreso sobre los usos permitidos de los fondos asignados”.
El Departamento de Justicia apeló la decisión poco después de que se emitiera la orden.
Cierre del DHS
La decisión del lunes se produjo en medio de un cierre parcial del DHS, debido a preocupaciones de los demócratas sobre las tácticas de cumplimiento utilizadas por agentes de inmigración tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis.
El grupo que representa a los 13 miembros del Congreso que presentaron la demanda, Democracy Forward, celebró la decisión.
“El fallo de hoy deja claro que la secretaria Noem no puede operar centros de detención en las sombras ni silenciar a funcionarios electos que están haciendo su trabajo”, dijo en un comunicado Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward. “El tribunal ha reafirmado una vez más que la supervisión no es opcional, la transparencia no es negociable y los derechos humanos no desaparecen en la puerta de un centro de detención”.
Los 13 miembros demócratas del Congreso que demandaron incluyen a: Joe Neguse, de Colorado; Adriano Espaillat, de Nueva York; Kelly Morrison, de Minnesota; Jamie Raskin, de Maryland; Robert Garcia, de California; J. Luis Correa, de California; Jason Crow, de Colorado; Veronica Escobar, de Texas; Dan Goldman, de Nueva York; Jimmy Gomez, de California; Raul Ruiz, de California; Bennie Thompson, de Mississippi; y Norma Torres, de California.
Esta política es la tercera impulsada por Noem que exige a los miembros del Congreso notificar a la agencia para realizar una visita de supervisión. Una ley de asignaciones de 2019, conocida como la Sección 527, permite que cualquier miembro del Congreso lleve a cabo una visita sin previo aviso a una instalación federal donde se retiene a inmigrantes.
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