Virginia Lissbeth Pineda Lemus, representada por la American Civil Liberties Union of Nebraska, recibió el 13 de marzo la orden de ser liberada de la custodia de ICE para preparar su caso contra la deportación a El Salvador. Su liberación se produjo después de una demanda presentada en su nombre por la organización de libertades civiles, en la que se impugnó la negativa de ICE a concederle una audiencia de fianza. (Cortesía de ACLU of Nebraska)
Por Cindy Gonzalez, Nebraska Examiner
¿Podría un nuevo fallo de una corte federal de apelaciones poner fin a la reciente “racha de victorias” de ACLU Nebraska en casos de detención?
Omaha, NE – Una mujer salvadoreña de 21 años que cruzó a Estados Unidos como “menor no acompañada” y encontró un hogar en Lincoln fue liberada de una detención de ICE que se prolongó durante dos meses, en cumplimiento de una orden emitida el 13 de marzo por un juez federal en Omaha.
Días antes, un padre indocumentado de tres hijos, detenido y arrestado por agentes federales mientras conducía rumbo a su trabajo en Omaha, volvió a reunirse con su familia después de que un juez de inmigración autorizó su liberación bajo fianza. Había permanecido detenido durante dos meses.
Jorge Calderon Rivera fue uno de los cuatro clientes recientes de ACLU of Nebraska que fueron liberados de la detención de U.S. Immigration and Customs Enforcement. La mayoría sigue preparando su caso para explicar por qué no debe ser deportado. (Cortesía de M. Julie Photo)
Ambos, que todavía enfrentan procesos de deportación pero pudieron preparar sus casos fuera de la cárcel, están entre los cuatro migrantes representados por la American Civil Liberties Union of Nebraska que, en el transcurso de aproximadamente un mes, fueron liberados de la custodia de U.S. Immigration and Customs Enforcement.
Hace una semana, ACLU Nebraska describió esos momentos legales como una afirmación del debido proceso y una “racha de victorias” que comenzó con la liberación, el 20 de febrero, de Joel Angel-Becerril, un joven beneficiario de DACA en Omaha, y de Lorena Alarcon-Alarcon, una madre inmigrante indocumentada que vive en Schuyler, Nebraska.
Pero un nuevo fallo de la Corte de Apelaciones del Octavo Circuito federal, que tiene jurisdicción sobre Nebraska, pone en duda la continuidad de esa racha.
El miércoles, un panel de la corte de apelaciones resolvió por 2-1 que la ley federal no exige la posibilidad de una fianza para los inmigrantes indocumentados, incluso si han vivido durante años en el país sin antecedentes penales.
Respalda política de Trump
La decisión le da la razón a la administración Trump en una controvertida reinterpretación de la ley federal. La reacción de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, en redes sociales fue: “¡ENORME VICTORIA JUDICIAL contra jueces activistas y a favor de la agenda de ley y orden del presidente Trump!”
El presidente Donald Trump habla con reporteros durante una conferencia de prensa en Doral, Florida, el 9 de marzo de 2026. (Cortesía de Roberto Schmidt/Getty Images)
En el centro del caso está una política federal emitida el verano pasado y respaldada por la Board of Immigration Appeals, que exige la detención obligatoria de casi todos los inmigrantes indocumentados. Esto marcó un giro frente a la práctica histórica que permitía a los migrantes que habían vivido durante años en el país acceder a una fianza.
La política de detención masiva provocó un laberinto legal, con un número histórico de impugnaciones en todo el país y decenas de casos presentados en nombre de migrantes en Nebraska.
Los jueces federales habían rechazado de forma abrumadora la reinterpretación de Trump, según un análisis de Politico, pero Reuters reportó esta semana que el número de audiencias de fianza en cortes de inmigración se desplomó recientemente.
Ahora, el fallo del Octavo Circuito emitido el miércoles, que coincide con una decisión dividida similar del Quinto Circuito en febrero, tiene a abogados de inmigración de la región analizando las implicaciones locales y los próximos pasos.
Funcionarios de ACLU Nebraska declinaron comentar más allá de decir que la organización aún analiza el fallo y espera que afecte la estrategia de su equipo. “Pero no nos vamos a rendir”.
Bassel El-Kasaby, abogado de inmigración con larga trayectoria en Omaha, dijo que los abogados en los estados cubiertos por el circuito, que también incluye a Iowa, Missouri, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Arkansas y Minnesota, estarán ocupados analizando si existen excepciones o algún “margen de maniobra”.
Una opción, dijo, es solicitar que el caso sea revisado por el pleno de la corte de apelaciones.
Otros apuntan a Texas, donde un reportaje de Politico encontró que jueces federales sujetos a la jurisdicción de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito hallaron una posible vía legal para sortear esa decisión, con base en argumentos de debido proceso.
‘El infierno que viví’
Mientras tanto, una de las clientas de ACLU Nebraska recientemente liberadas de detención dijo sentirse agradecida con Dios y con el equipo legal, que incluía a su abogado original Raul Guerra, por el apoyo necesario “para salir del infierno que viví”.
Jamel J.W. Connor, abogada de la American Civil Liberties Union of Nebraska. (Cortesía de ACLU Nebraska)
Virginia Lissbeth Pineda Lemus, la migrante salvadoreña que permanecía detenida en la Lincoln County Jail bajo una orden de retención de ICE desde enero, fue contundente en sus críticas, que, según sus abogados, reflejan lo “traumatizante” de su experiencia en general.
Rechazó conceder entrevistas, pero en una declaración traducida proporcionada por ACLU dijo: “Siento que fui tratada más como un animal que como una persona. Aunque me siento muy aliviada de estar libre, estaré orando por otras personas que conocí bajo custodia de ICE y que merecen la misma oportunidad que yo tuve”.
Pineda fue arrestada originalmente en enero por cargos de agresión doméstica. Los registros judiciales disponibles señalan que ICE la “encontró” en la Lancaster County Jail el mismo día en que fue acusada. Después de pagar la fianza por los cargos estatales, quedó bajo custodia de ICE y las autoridades federales iniciaron el proceso de deportación.
La abogada de ACLU, Jamel J.W. Connor, quien ayudó a representar a Pineda, dijo que los cargos de agresión doméstica fueron desestimados y que aparentemente ya se reunió con su novio. Sus abogados dijeron que Pineda cruzó la frontera entre México y Estados Unidos a los 16 años, como menor no acompañada, sin familiares que viajaran con ella ni la esperaran.
Debido a circunstancias individuales relacionadas con una detención anterior, el juez federal senior John Gerrard, con sede en Omaha, ordenó su “liberación inmediata, en lugar de una audiencia de fianza”, mientras Pineda enfrenta su proceso para evitar ser removida del país. Connor elogió la orden del 13 de marzo de Gerrard, así como las otras victorias recientes de ACLU, como un “freno al exceso de poder federal”.
“A medida que ICE sigue ampliando sus operaciones, vamos a seguir haciendo lo que podamos por los miembros de la comunidad que están siendo detenidos injustamente sin debido proceso”, dijo en una entrevista antes del fallo del miércoles.
Padre salvadoreño de tres hijos
En el caso del padre de tres hijos originario de El Salvador, Jorge Calderon Rivera estuvo detenido durante dos meses en el centro de ICE de McCook, Nebraska, antes de ser liberado bajo fianza. Sus abogados dijeron que había vivido en Omaha durante aproximadamente una década. También señalaron que nunca había sido condenado por un delito y que, cuando vivía en su país, había apoyado a las fuerzas del orden en sus esfuerzos por frenar la actividad de las pandillas.
Un video que circuló en redes sociales mostró a agentes del orden en dos vehículos sin identificación deteniéndolo el 17 de enero. Uno de los agentes, vestido con jeans azules, capucha y un chaleco con la leyenda “POLICE Federal Agent”, habló con Calderon junto a su automóvil rojo. Sin incidentes, el agente esposó y registró a Calderon antes de indicarle que se sentara en el vehículo oficial sin identificación.
Agentes de ICE revisan al pasajero de una camioneta mientras arrestan tanto a él como al conductor durante una parada de tráfico el miércoles 11 de febrero de 2026 en Bottineau Blvd. en Robbinsdale. (Foto de Nicole Neri/Minnesota Reformer)
Los abogados de Calderon afirman que él vio luces policiales parpadeando detrás de su vehículo y se orilló pensando que el conductor quería rebasarlo. En cambio, uno de los vehículos se colocó frente a su automóvil y el otro detrás.
Un expediente judicial describió a los agentes como parte del “Omaha Fugitive Operations Team”, que había estado “realizando operaciones de cumplimiento” en Omaha. El expediente señala que Calderon, durante la detención, admitió ser ciudadano de El Salvador y estar ilegalmente en Estados Unidos, por lo que los agentes lo detuvieron. El informe añade que ICE emitió una orden de arresto y posteriormente inició el proceso de deportación.
El Center for Immigrant and Refugee Advancement está ayudando a Calderon con el proceso de deportación y solicitó el apoyo de ACLU Nebraska en el litigio federal de hábeas corpus que condujo a su audiencia de fianza.
Ariel Magaña Linares, abogado principal de CIRA, citó discrepancias fácticas e inconsistencias en el reporte federal de las fuerzas del orden sobre Calderon, incluida una línea que afirmaba que no estaba casado y no tenía hijos.
La jueza federal Susan Bazis ordenó el 3 de marzo a funcionarios de inmigración que le proporcionaran a Calderon una audiencia de fianza de acuerdo con sus derechos bajo la ley de inmigración y la Constitución de Estados Unidos. Posteriormente, un juez de inmigración autorizó su liberación bajo fianza.
Magaña Linares dijo que Calderon ahora está con su esposa y sus hijos mientras avanza su caso de deportación.
‘Una ruptura preocupante’
Describió el momento como “un recordatorio de que, cuando el debido proceso se aplica de manera justa, los inmigrantes a menudo pueden demostrar que son personas orientadas a la familia, trabajadoras y que aportan a sus comunidades”.
Ariel Magaña Linares, abogado principal del Center for Immigrant and Refugee Advancement. (Cortesía de CIRA)
Representantes del Departamento de Justicia de Estados Unidos que manejan litigios locales relacionados con detenciones no respondieron a una solicitud de comentarios.
Funcionarios de CIRA calificaron el fallo del miércoles como una “ruptura preocupante” con décadas de ley migratoria. En un comunicado, el grupo dijo que espera un aumento en la presión para que los migrantes acepten la deportación sin pelearla o sin abogado. Pero CIRA no detendrá su trabajo, afirmó la organización.
“Seguiremos al lado de nuestras comunidades, lucharemos por el debido proceso y nos aseguraremos de que cada persona tenga una oportunidad justa de ser escuchada”.
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