Omaha, NE — Una nueva demanda federal por derechos civiles fue presentada este lunes para solicitar la liberación de una trabajadora de Glenn Valley Foods, una de las 76 personas indocumentadas detenidas en la redada migratoria del 10 de junio en Omaha.
Sabina Carmona-Lorenzo fue detenida en la redada migratoria del 10 de junio en Omaha y permanece en una cárcel de North Platte. (Cortesía de la Unión Americana de Libertades Civiles de Nebraska)
La acción fue presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Nebraska en representación de Sabina Carmona-Lorenzo, quien, según la organización, ha vivido en Estados Unidos por más de 25 años. Ella y su esposo tienen cinco hijos, tres de ellos menores de edad. Uno está en la universidad y otro sirve en el ejército estadounidense, indicó la ACLU.
Al igual que al menos otras tres demandas recientes, incluida una presentada por la ACLU en favor de otra mujer, esta sostiene que la detención prolongada de Carmona-Lorenzo excede la autoridad legal y viola su derecho al debido proceso.
El 15 de julio, un juez de inmigración en Omaha concedió su liberación bajo fianza, pero el gobierno federal bloqueó la medida al invocar una “suspensión automática”. La fianza le habría permitido reunirse con su familia mientras su equipo legal preparaba un caso para evitar su deportación.
El gobierno actuó después de la filtración de un memorando del 8 de julio de la administración Trump, que ofrecía nuevas directrices y que, según defensores de inmigrantes, hizo que casi todos los que ingresaron al país sin autorización quedaran inelegibles para fianza mientras enfrentan procesos de deportación.
Antes, los inmigrantes indocumentados que ya residían en Estados Unidos generalmente podían solicitar una audiencia de fianza ante un juez de inmigración. Sin embargo, el memorando señaló que los Departamentos de Seguridad Nacional y de Justicia habían revisado la postura legal del gobierno sobre detención y liberación, y determinaron, basándose en otra sección de la ley migratoria, que dichos inmigrantes “no pueden ser liberados de la custodia de ICE”.
En casos excepcionales, un inmigrante indocumentado puede ser liberado bajo palabra, pero esa decisión dependerá de un oficial de inmigración y no de un juez, explicó el director interino de ICE a sus agentes, según reportó el Washington Post.
La nueva directriz se apoya en una sección de la ley migratoria que establece que los inmigrantes no autorizados “deberán ser detenidos” tras su arresto, aunque históricamente se aplicaba a quienes cruzaban la frontera recientemente y no a residentes de larga data en el país.
La semana pasada, el juez federal Joseph Bataillon ordenó la liberación “inmediata” de otras dos mujeres detenidas en la redada de Omaha, después de que volvieran a pagar su fianza, argumentando que el gobierno las mantenía bajo custodia de manera ilegal. Ambas mujeres son originarias de México.
En esos casos, tanto Yanier García Jiménez como Floribertha Mayo Anicasio habían recibido previamente la libertad bajo fianza otorgada por un juez de inmigración, pero continuaron detenidas durante semanas debido a la apelación con suspensión automática presentada por el gobierno federal.
Se ha programado una audiencia para este martes en la corte de Bataillon para otra trabajadora representada por la ACLU, María Reynosa Jacinto. Las cuatro mujeres permanecen encarceladas en el Centro de Detención del Condado de Lincoln, en North Platte, a varias horas de sus familias en Omaha, junto con otros detenidos en la redada en Glenn Valley.
De acuerdo con la ACLU, “Estos casos consecutivos subrayan la necesidad urgente de que las autoridades migratorias cumplan con los requisitos constitucionales y respeten las decisiones de los jueces de inmigración en materia de fianzas.”
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