Lincoln, NE — Tras la decisión de una colega republicana de descartar una audiencia pública del Comité Judicial de la Legislatura, el único demócrata que preside un comité legislativo en Nebraska ha convocado una audiencia para que el público exprese sus preocupaciones y obtenga respuestas sobre el plan del gobernador Jim Pillen de convertir el McCook Work Ethic Camp en un centro de detención para migrantes que el gobierno federal busca deportar.
Senador estatal Terrell McKinney, de Omaha. 21 de julio de 2024. (Zach Wendling/Nebraska Examiner)
La audiencia del 12 de septiembre, convocada por el senador estatal Terrell McKinney, de Omaha, presidente del Comité de Asuntos Urbanos de la Legislatura, surge tras la decisión de la presidenta del Comité Judicial de no organizarla.
La senadora estatal Carolyn Bosn, de Lincoln, calificó la semana pasada de “prematuro” realizar una audiencia solicitada por 13 legisladores progresistas en la oficialmente no partidista Legislatura, incluido McKinney. Muchos han criticado el plan de la administración Pillen, que responde a una estrategia intensificada de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a una promesa de campaña del presidente Donald Trump de utilizar a los estados para acelerar las deportaciones masivas.
La semana pasada, Bosn sugirió en su lugar que el grupo dirigiera sus preguntas a Pillen y a la Oficina del Fiscal General de Nebraska. Señaló que eso sería más rápido y efectivo, y que el Comité Judicial no tenía “más autoridad extraordinaria” que la de un legislador o un grupo de ellos que busca respuestas.
Carta de McKinney
El martes, McKinney emitió una carta propia señalando que, debido a “posibles problemas con los códigos de construcción” que plantea el plan de Pillen, el Comité de Asuntos Urbanos, bajo la Resolución Legislativa 148, ofrecerá “un espacio para debatir esas preocupaciones”. La audiencia, programada para las 9 a.m. del viernes 12 de septiembre, será pública en la sala 1507 del Capitolio.
McKinney dijo al Nebraska Examiner que ha invitado al equipo de Pillen a la audiencia y espera que las respuestas de la administración promuevan la “transparencia” hacia los habitantes de Nebraska. Añadió que ya consideraba realizar una audiencia en el Comité de Asuntos Urbanos antes de que la presidenta del Comité Judicial se retirara de la idea.
Senadora estatal Carolyn Bosn, de Lincoln. 8 de enero de 2025. (Zach Wendling/Nebraska Examiner)
La carta de McKinney, que él y otros difundieron en redes sociales y enviaron a agencias estatales, señaló que el Work Ethic Camp de McCook, una instalación exclusivamente masculina, cuenta con 200 camas y una capacidad operativa de 125.
Una instalación readaptada para Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. albergaría a unas 300 personas, un aumento de capacidad que la carta de McKinney describió como “preocupante, sobre todo por motivos de seguridad”. Sería de propiedad y operación estatal y, según funcionarios, el gobierno federal reembolsaría por completo a Nebraska por albergar allí a personas detenidas por motivos migratorios.
La carta de McKinney afirma que la ley de Nebraska exige que los edificios estatales y las cárceles cumplan con los estándares del Código Internacional de Construcción, incluidas las fórmulas para calcular la ocupación máxima. El Comité de Asuntos Urbanos supervisa la legislación y los asuntos relacionados con los códigos de construcción estatales.
El documento señala que, según la ley estatal, “existirá una emergencia de hacinamiento en el sistema correccional siempre que el director certifique que la población del departamento supera el 140% de la capacidad operativa”.
McKinney sostiene que la instalación de 300 camas planeada por Pillen e ICE llevaría el centro al 240% de una capacidad operativa de 125 personas.
Dayne Urbanovsky, portavoz del Departamento de Servicios Correccionales de Nebraska, dijo el martes que la capacidad de camas en McCook se incrementaría mediante la readaptación de espacios multipropósito previamente usados para reuniones y otros programas. Urbanovsky aseguró que el departamento “se encargará de que todas las modificaciones cumplan con los códigos de construcción y seguridad”.
Las 186 personas alojadas por Nebraska en McCook hasta el 19 de agosto serán trasladadas a otras prisiones en los próximos dos meses, con detalles aún por definir.
Laura Strimple, portavoz de Pillen, señaló que el director de Servicios Correccionales, Rob Jeffreys, y su equipo esperan ofrecer un informe detallado —al Comité Judicial completo, que incluye a McKinney y que, recalcó, tiene “jurisdicción principal sobre el Departamento de Servicios Correccionales de acuerdo con las reglas de la Legislatura”.
Strimple añadió: “Los habitantes de Nebraska esperan mucho de sus representantes electos y merecen más que espectáculos mediáticos motivados políticamente”.
Hacinamiento en prisiones
La alcaldesa de McCook, Linda Taylor, habla durante una conferencia de prensa con el gobernador de Nebraska, Jim Pillen, en el Aeropuerto Regional Ben Nelson de McCook, el martes. (Brigham Larington/McCook Gazette)
Aprobado legislativamente en abril de 1997, el McCook Work Ethic Camp abrió en abril de 2001 como un esfuerzo para reducir el hacinamiento en las cárceles, principalmente ofreciendo programas de rehabilitación a infractores de bajo riesgo. De esta manera, la instalación buscaba liberar espacio para delincuentes más violentos en otros centros estatales.
El Work Ethic Camp ha servido recientemente a hombres adultos condenados por delitos graves que necesitan tratamiento por consumo de sustancias o reestructuración cognitiva. Su presupuesto estatal anual fue de 9.5 millones de dólares el año pasado y cuenta con unos 85 empleados.
El martes, Paul Feilmann, jubilado de Omaha, se presentó con un enorme cartel frente a la Residencia del Gobernador para protestar contra el centro de detención. “Intento mantener el tema visible”, dijo el exconductor de furgonetas de reparto, quien planea regresar todos los días de la semana de 8 a.m. a 5 p.m. durante tres semanas. Su récord en este tipo de vigilias, destacó, fue de cuatro meses en 2019 en protesta por la falta de reforma de la justicia penal.
Mayormente solo el martes, Feilmann conversa con transeúntes sobre el tema y hace llamadas para coordinar con otros que persiguen el mismo objetivo: lograr que Pillen cambie de rumbo. También participó en una manifestación el viernes que reunió a unas 150 personas frente a la Residencia del Gobernador.
“Es deshumanizante y, históricamente, plantea una serie de problemas inhumanos graves”, dijo, calificando la instalación de ICE como “un paso demasiado lejos”.
En la carta del 27 de agosto dirigida a Bosn —con membrete de la senadora estatal Megan Hunt, de Omaha— los 13 senadores plantearon múltiples preguntas. También señalaron que el Comité Judicial, presidido por Bosn, tiene jurisdicción sobre asuntos relacionados con el Departamento de Servicios Correccionales de Nebraska.
Senadora estatal Megan Hunt, de Omaha. (Zach Wendling/Nebraska News Service)
La carta de Hunt señaló que Pillen no buscó la opinión de la Legislatura sobre el centro de detención adaptado, al que la administración Trump apodó el “Cornhusker Clink”. Hunt calificó eso de problemático, ya que la Legislatura es “la rama del pueblo… un poder coigual e independiente del gobierno”.
Problemas de legalidad
Entre las preguntas de los legisladores estaba la legalidad de que Pillen firmara un acuerdo federal para convertir una prisión estatal, definida legislativamente, en un centro federal de detención migratoria, así como la legalidad del uso de instalaciones y personal de Servicios Correccionales para albergar detenidos de ICE.
El Artículo IV, Sección 19, de la Constitución de Nebraska otorga desde 1875 a la Legislatura la autoridad exclusiva sobre la “administración general, control y gobierno de todas las instituciones estatales benéficas, mentales, de rehabilitación y penitenciarias”.
Esta primavera, la Legislatura completó un esfuerzo de casi dos años para aclarar y fortalecer su supervisión legislativa de las agencias del poder ejecutivo, incluido el sistema penitenciario estatal.
Strimple, en respuesta a la carta de Hunt, dijo que los legisladores que quieran respuestas pueden dirigirse a la Oficina del Gobernador.
“La administración no puede responder preguntas cuando no se formulan”, afirmó.
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