Por Zach Wendling, Nebraska Examiner
Lincoln, NE — Un proyecto de ley presentado el lunes busca anular un acuerdo entre Nebraska y el gobierno federal que el otoño pasado convirtió una prisión estatal con enfoque rehabilitador en un centro de detención de ICE en McCook.
La Iniciativa Legislativa 963, presentada por el senador estatal Terrell McKinney, de Omaha, busca anular cualquier acuerdo migratorio entre el estado y el gobierno federal que no cuente con la aprobación del Poder Legislativo. Esto incluiría el caso más visible, en el que el gobernador de Nebraska, Jim Pillen, y el Departamento de Servicios Correccionales de Nebraska acordaron arrendar el “Work Ethic Camp” del estado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
El proyecto de McKinney también busca restringir la ley estatal para establecer que el Departamento de Servicios Correccionales de Nebraska solo puede albergar a personas privadas de la libertad conforme a leyes estatales, y no a cualquier “ley”. Un juez del Tribunal del Distrito del Condado de Red Willow citó esa sección de la ley como una razón para no frenar la alianza entre Nebraska e ICE.
“El Poder Ejecutivo no tiene esa autonomía y no debió comprometer a nuestro estado para albergar un centro de detención de ICE”, afirmó McKinney.

El senador estatal Terrell McKinney, de Omaha, al centro, saluda al gobernador Jim Pillen antes del discurso anual del gobernador sobre el Estado del Estado ante la Legislatura. 15 de enero de 2025. (Zach Wendling/Nebraska Examiner)
Pillen ha argumentado que está cumpliendo con su deber de ayudar al gobierno federal a hacer cumplir las leyes migratorias y, en una entrevista previa al inicio de la sesión legislativa a mediados de diciembre, reiteró que “muy claramente tenemos la autoridad”. Señaló que existe “evidencia todos los días”, incluidas sus cuatro visitas a la frontera entre Estados Unidos y México, que en conjunto subrayan lo que describió como un “problema de seguridad”.
“Estamos orgullosos de ello”, dijo Pillen. “Estamos haciendo lo que tenemos la autoridad para hacer”.
Pillen calificó la seguridad como la “máxima responsabilidad” del gobierno. Describió a Rob Jeffreys, director del Departamento de Servicios Correccionales de Nebraska, como “uno de los mejores directores” del país.
El contrato entre Nebraska e ICE estará vigente al menos hasta septiembre. La oficina de Pillen ha estimado que los reembolsos de ICE generarán 14.25 millones de dólares netos anuales para el estado.
McKinney argumentó que el estado no debería renunciar a una institución creada específicamente para preparar a las personas privadas de la libertad para su reintegración a la sociedad. La prisión de McCook albergaba a hombres adultos de bajo riesgo que cumplían sentencias por delitos graves. Algunos trabajaban en comunidades cercanas.

La alcaldesa de McCook, Linda Taylor, habla durante una conferencia de prensa con el gobernador de Nebraska, Jim Pillen, en el Aeropuerto Regional Ben Nelson de McCook el martes. (Brigham Larington/McCook Gazette)
El senador por el norte de Omaha señaló que la situación en McCook pone de manifiesto una “falta de respeto” hacia el Poder Legislativo, el “deterioro” de la separación de poderes y la “difuminación de los límites”.
El senador estatal Dunixi Guereca, también de Omaha, presentó la semana pasada la Iniciativa Legislativa 881, que también exigiría que las agencias locales de seguridad pública, las cárceles y la Patrulla Estatal de Nebraska obtengan la aprobación de un “órgano de gobierno local” antes de celebrar ciertos acuerdos para hacer cumplir la ley migratoria.
Las oficinas de los alguaciles de los condados de Banner, Dakota, Sioux y Wheeler, así como el Departamento de Servicios Correccionales de Nebraska y la Patrulla Estatal de Nebraska se han sumado al Programa 287(g) con ese objetivo. El condado de Dakota y el Departamento de Servicios Correccionales, específicamente en el condado de Lincoln, firmaron acuerdos que permiten a los agentes identificar y procesar a migrantes sujetos a deportación. Los otros cuatro firmaron acuerdos para ejercer autoridad migratoria limitada en funciones policiales rutinarias.
Pillen dijo que seguía confiando en que no necesitaba legislación para autorizar la alianza en McCook. McKinney afirmó que cualquier acuerdo aún podría aprobarse, pero de la manera adecuada.
“Si querían tener esa autoridad, debieron venir a nosotros de forma respetuosa”, dijo McKinney. “No debió hacerse, en mi opinión, a puerta cerrada, sin que todos los miembros del cuerpo fueran notificados y conscientes de lo que estaba ocurriendo”.
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