LOS PADRES NATIONAL FOREST, CALIFORNIA – 6 DE AGOSTO: Un bombero observa el avance del incendio Gifford el 6 de agosto de 2025 en Los Padres National Forest, California. Hasta la noche del miércoles, el incendio había consumido más de 91,000 acres y estaba contenido en un nueve por ciento. (Foto de Eric Thayer/Getty Images)
Por Alex Brown, Nebraska Examiner
Un bombero observa el avance del incendio Gifford el 6 de agosto de 2025 en Los Padres National Forest, en California. En todo el país, funcionarios estatales dicen que han perdido acceso a subvenciones del Forest Service para proteger a comunidades de incendios forestales, después de una actualización federal de términos y condiciones que busca obligar a los socios de la agencia a comprometerse a cumplir con las posturas del presidente Donald Trump sobre inmigración, género y programas DEI. (Foto de Eric Thayer/Getty Images)
Un nuevo intento de obligar a los estados a respaldar las posturas de la administración Trump sobre DEI, atletas transgénero e inmigración al firmar contratos con el U.S. Forest Service amenaza millones de dólares en subvenciones para incendios forestales y proyectos de reducción de riesgos en tierras federales.
Algunos estados liberales no pueden firmar los documentos porque esas políticas chocan con sus leyes estatales, según expertos forestales.
Al menos un estado ya reporta que las nuevas reglas han detenido trabajos para reducir el riesgo de incendios forestales y apoyar proyectos en tierras de bosques nacionales. Otros estados dicen que los requisitos son tan vagos que no saben cómo cumplirlos. Y algunos líderes de la industria maderera creen que el estancamiento podría afectar sus ingresos.
“Estamos en una especie de punto muerto”, dijo George Geissler, jefe forestal del estado de Washington. “Esto ya está empezando a retrasar o detener trabajos”.
La actualización de los requisitos que regulan las alianzas federales llega mientras muchos estados del Oeste se preparan para una temporada severa de incendios forestales, después de un invierno con temperaturas récord y una capa de nieve escasa.
El 31 de diciembre, la secretaria de Agricultura Brooke Rollins emitió sin mucha publicidad nuevos términos y condiciones generales para las alianzas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. En decenas de páginas de letra pequeña se detallan nuevas restricciones que exigen a las organizaciones socias comprometerse a cumplir con las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump.
Las nuevas condiciones se aplican a todas las agencias del USDA, pero el departamento aún no ha dicho si las hará cumplir en los programas de asistencia alimentaria.
La agencia, en un comunicado de prensa que anunció los cambios, presentó los nuevos términos como un esfuerzo para simplificar regulaciones, proteger la seguridad nacional y “eliminar la ideología radical de izquierda”.
El Departamento de Agricultura y el Forest Service no concedieron las solicitudes de entrevista de Stateline.
En el Forest Service, que forma parte del USDA, la nueva política se aplica a una amplia gama de subvenciones y contratos destinados a reducir el riesgo de incendios forestales, restaurar la salud de los bosques e impulsar la producción de madera.
Veteranos del sector forestal dicen que las nuevas condiciones han creado un punto muerto con algunos estados liderados por demócratas.
“Es considerablemente disruptivo”, dijo Robert Bonnie, quien fue subsecretario de Agricultura para recursos naturales y medio ambiente durante la administración Obama. “Está claramente dirigido a estados demócratas y socios demócratas”.
Una coalición de 20 estados y el Distrito de Columbia presentó una demanda en marzo, alegando que las restricciones son ilegales. La demanda se ha centrado principalmente en programas federales de asistencia alimentaria proporcionados por la agencia, como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria y el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños.
En una presentación judicial de abril, Rollins dijo que las nuevas condiciones aún no se habían aplicado a los programas de asistencia alimentaria y que la agencia no había tomado una “decisión final” sobre cortar fondos de nutrición a los estados que no cumplan.
Programas del Forest Service
Pero la política ya está impactando algunos programas administrados por el Forest Service.
El estado de Washington no ha podido emitir la ronda más reciente de Community Wildfire Defense Grants, un programa federal que ayuda a vecindarios y localidades a reducir combustibles y reforzar viviendas en zonas propensas a incendios forestales.
Geissler, el jefe forestal estatal, dijo que cerca de 10 comunidades en Washington tenían previsto recibir grandes subvenciones bajo el programa, pero el financiamiento federal se ha detenido por la negativa del estado a firmar los nuevos términos y condiciones.
“Este es otro ejemplo de la administración federal haciéndose daño a sí misma”, dijo David Perk, coordinador de Washington State Lands Working Group, una coalición que participa en debates sobre políticas forestales estatales. “Agregar la capa adicional de negar fondos para incendios forestales es añadir insulto al daño”.
El estancamiento también amenaza trabajos que el U.S. Forest Service depende cada vez más de estados y otros socios para realizar en bosques nacionales. La agencia se ha apoyado mucho en herramientas como Good Neighbor Authority, que permiten a agencias estatales llevar a cabo mitigación de incendios forestales, restauración y proyectos madereros en tierras federales. Muchos observadores creen que la reorganización anunciada recientemente por el Forest Service señala que los estados tendrán un papel aún mayor en los próximos años.
Pero ahora esas alianzas están en riesgo. Según Geissler, el estado de Washington no puede firmar nuevos acuerdos de Good Neighbor Authority debido a las nuevas condiciones.
“Estamos tratando de firmar acuerdos para otra parte del trabajo y no podemos conseguir la firma”, dijo. “Si esperan que el estado haga trabajos en tierras federales, no los estamos haciendo. Si no podemos firmar, ambas partes pierden”.
El estado de Washington ha gastado millones de dólares en proyectos para reducir el riesgo de incendios forestales y mejorar la salud de los bosques en tierras de bosques nacionales. Con los nuevos requisitos ideológicos, el gobierno federal básicamente está rechazando ayuda gratuita, dijo Bonnie, el exfuncionario de recursos naturales. Eso es especialmente perjudicial, señaló, porque los recortes de Trump a la fuerza laboral y al presupuesto del Forest Service han reducido aún más lo que la agencia puede lograr por su cuenta.
La administración Trump está “perjudicando a sus propios electores”, dijo. “Hay muchos votantes conservadores en zonas rurales de Washington que quieren ver alianzas que reduzcan la probabilidad de incendios forestales extremos. Esto detendrá eso. No tiene ningún sentido”.
El estado de Washington sigue trabajando en proyectos del Forest Service firmados bajo acuerdos anteriores. Pero sin nuevos acuerdos, el trabajo en campo podría estancarse en seis a ocho meses, dijo Geissler.
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Respuestas estatales
Casi 20 funcionarios forestales estatales contactados por Stateline no respondieron o rechazaron solicitudes de entrevista, citando el litigio en curso y la necesidad de mantener una relación de trabajo con el Forest Service.
Pero un líder de la industria maderera dijo que Oregon enfrentaba interrupciones similares que impedían al estado firmar nuevos acuerdos con el Forest Service.
“Esto reducirá los ingresos de las agencias forestales estatales”, dijo Nick Smith, director de asuntos públicos de American Forest Resource Council, un grupo de la industria maderera, en un correo electrónico a Stateline. “Como socios, nuestra industria se verá afectada si esto interrumpe o cancela ventas actuales o futuras de madera bajo estos contratos”.
Aunque la mayoría de los funcionarios forestales estatales no ha querido comentar públicamente sobre la situación, varios han presentado declaraciones legales en apoyo a la demanda multiestatal que impugna los nuevos términos y condiciones.
Scott Bowen, director del Michigan Department of Natural Resources, escribió en una declaración que su agencia cuenta con más de $87 millones en subvenciones activas del Forest Service. Esos fondos cubren respuesta a incendios forestales, salud forestal, especies invasoras, cobertura arbórea urbana y revegetación, entre otros temas.
“Si se retuvieran estos fondos, el DNR tendría que cerrar capacidades críticas para ayudar a comunidades rurales con preparación y respuesta ante incendios”, escribió Bowen.
Bowen agregó que el Forest Service ya ha dicho que un programa, una subvención para proteger bosques ambientalmente importantes de ser convertidos a usos no forestales, estará sujeto a los nuevos términos y condiciones.
En la demanda, muchos funcionarios estatales dijeron que los nuevos requisitos de cumplimiento son tan vagos que resultan casi imposibles de seguir. Varias de las declaraciones legales señalan que las nuevas condiciones no explican qué significa “promover la ideología de género”, una práctica que el Departamento de Agricultura ahora busca prohibir.
Veremos una bifurcación en la que los estados rojos recibirán subvenciones y los estados azules no.
– Kevin Hood, director ejecutivo de Forest Service Employees for Environmental Ethics
Muchos estados también objetaron el requisito de la agencia de que ninguna persona en el país de manera irregular obtenga “beneficios financiados por los contribuyentes”. Josh Kurtz, secretario del Maryland Department of Natural Resources, señaló en una declaración que sería imposible confirmar que las subvenciones para reducir el riesgo de incendios forestales, ampliar la cobertura arbórea urbana y mejorar la salud forestal no beneficien a residentes de Maryland sin estatus migratorio legal.
Kevin Hood, director ejecutivo de Forest Service Employees for Environmental Ethics, una organización sin fines de lucro que defiende a empleados públicos, dijo que los nuevos términos buscan dirigir una mayor parte del financiamiento federal a aliados políticos de Trump.
“Veremos una bifurcación en la que los estados rojos recibirán subvenciones y los estados azules no”, dijo.
“Más preguntas que respuestas”
En marzo, la National Association of State Foresters envió una carta al jefe del Forest Service, Tom Schultz, expresando preocupaciones sobre los nuevos términos y condiciones. Jason Hartman, presidente del grupo y jefe forestal estatal de Kansas, describió una situación caótica.
“Hasta la fecha, el Forest Service no ha proporcionado orientación ni interpretación adecuada de los nuevos términos y condiciones”, escribió. “Las reuniones nacionales entre jefes forestales estatales y el Forest Service han generado más preguntas que respuestas. Jefes forestales estatales de todo el país han recibido instrucciones e interpretaciones distintas en diferentes ubicaciones geográficas”.
Hartman señaló al menos un caso en el que una venta de madera por un total de 80 millones de pies tablares quedó detenida por las nuevas condiciones. Eso es suficiente para construir aproximadamente 5,000 viviendas. Pidió al Forest Service retrasar la fecha de entrada en vigor de las nuevas condiciones hasta que la agencia pueda ofrecer más claridad.
También describió otro conjunto de problemas para los estados. Una complicación importante, dijo, es el requisito de que los estados reciban aprobación federal antes de emitir subvenciones secundarias o contratos. Eso ha creado una enorme carga burocrática, escribió, en “conflicto directo” con la dependencia del Forest Service en alianzas estatales para reducir trámites.
Los nuevos términos también exigen que las revisiones ambientales de los proyectos se completen antes de que puedan firmarse acuerdos de colaboración. Pero Hartman señaló que los estados a menudo ayudan precisamente en esas revisiones ambientales, algo que no podrán hacer si no pueden firmar primero los acuerdos.
Kelly Norris, jefa forestal estatal de Wyoming, también señaló ese problema en un correo electrónico a Stateline y dijo que esperaba que el Forest Service actualizara pronto la sección sobre revisión ambiental.
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