Credit: Cody Sperl. Google Images.
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La firma legal Polaris informó actividad migratoria en el área de Columbus y recordó derechos constitucionales y de propiedad para residentes, familias y dueños de negocios.
Polaris Law Group emitió un aviso comunitario sobre actividad local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en el área de Columbus, Nebraska.
La firma legal informó que el Departamento de Policía de Columbus le comunicó que ICE realizaba operaciones dentro del área. El aviso fue dirigido a residentes, familias y dueños de negocios con preguntas sobre sus derechos durante posibles interacciones con agentes migratorios.
No se informó un número de arrestos, ubicaciones específicas de operativos ni una lista de personas detenidas.
Residentes y negocios de Columbus aparecen como público principal
Polaris Law Group señaló que la actividad migratoria puede generar ansiedad, temor e incertidumbre entre vecinos de Columbus, incluidas personas indocumentadas, residentes permanentes legales y ciudadanos estadounidenses.
La firma recordó que las personas en Estados Unidos tienen derechos constitucionales sin importar su estatus migratorio. También incluyó información para dueños de negocios sobre la diferencia entre áreas abiertas al público y espacios privados dentro de una propiedad comercial.
Un negocio puede tener áreas públicas, como comedores, vestíbulos o salas de espera. También puede tener áreas no públicas, como cocinas, oficinas traseras, talleres o espacios exclusivos para empleados.
Para ingresar a áreas no públicas de un negocio, los agentes de ICE necesitan una orden judicial de registro firmada por un juez de un tribunal, según la orientación legal compartida por Polaris Law Group.
Documentos vinculados a residencia y estatus legal
Polaris Law Group señaló que ICE estaría intentando usar procesos de expulsión acelerada en algunos casos migratorios.
Para acreditar presencia física continua en Estados Unidos durante dos años o más, la firma mencionó documentos como facturas de servicios públicos, declaraciones de impuestos, registros médicos o contratos de arrendamiento.
Para personas con estatus legal, la documentación mencionada incluye tarjeta de residencia permanente, permiso de trabajo, visa, documentos originales o copias claras. Las copias de notificaciones de recibo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) también aparecen como documentación vinculada a casos pendientes.
Las áreas privadas de negocios requieren orden judicial o permiso
Los dueños de negocios pueden revocar el acceso, negar servicio y pedir a agentes que abandonen sus instalaciones cuando se encuentren en áreas abiertas al público, de acuerdo con la orientación legal de Polaris Law Group.
La diferencia principal está en los espacios privados. Los agentes no tienen derecho a ingresar a áreas no públicas sin una orden judicial de registro firmada por un juez. Una orden administrativa firmada por un oficial de ICE no cumple esa función.
Si agentes rechazan una orden explícita de retirarse o ingresan a espacios privados sin orden judicial, Polaris Law Group indicó que esa conducta puede constituir violación de propiedad privada bajo la ley de Nebraska.
La firma agregó que los dueños de negocios tienen derecho a contactar a autoridades policiales locales para hacer cumplir leyes estatales de violación de propiedad cuando agentes permanezcan en espacios privados sin autorización judicial.
Las viviendas están protegidas por la Cuarta Enmienda
Las residencias privadas están protegidas por la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
ICE no puede ingresar a una vivienda sin permiso a menos que presente una orden judicial de registro firmada por un juez de un tribunal, según la orientación legal citada por Polaris Law Group. Una orden administrativa firmada por un oficial de ICE no autoriza el ingreso a una casa sin consentimiento.
Las personas pueden mantener la puerta cerrada, pedir que la documentación pase por debajo de la puerta y hablar con oficiales sin abrir, de acuerdo con esa orientación.
Polaris Law Group también advirtió sobre frases que podrían usarse para lograr que una persona abra la puerta, como “alguien chocó su auto” o “solo estamos aquí para hablar”. La firma identificó esas frases como tácticas comunes para eludir protecciones de la Cuarta Enmienda.
El perfil racial, étnico o lingüístico no justifica una detención
En lugares públicos, los oficiales de la ley necesitan una sospecha específica y articulable de que ocurrió una infracción migratoria antes de detener a una persona y exigir identificación, según la orientación legal difundida por Polaris Law Group.
El perfil racial, étnico o lingüístico por sí solo no justifica legalmente una detención.
Organizaciones de derechos civiles también señalan que las personas tienen derecho a guardar silencio durante interacciones con autoridades migratorias y que una orden administrativa de deportación o remoción no equivale a una orden judicial de ingreso a una vivienda.
Testigos pueden observar y grabar desde una distancia segura
Los testigos de una acción de control de la ley tienen derecho constitucional a observar y grabar la interacción desde una distancia segura, siempre que no obstruyan físicamente ni interfieran con las funciones de los agentes.
Polaris Law Group señaló que las grabaciones pueden compartirse con defensores legales comunitarios de confianza.
La orientación coincide con materiales de organizaciones de derechos civiles que reconocen el derecho a observar y documentar interacciones con autoridades en espacios públicos, siempre que la grabación no interfiera con el trabajo de los oficiales.
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